El ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, señaló hoy que el traslado a Ica del alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, acusado por disturbios y peculado, responde a una atribución del Poder Judicial, por lo que es una medida legal. Explicó que la resolución del Poder Judicial -que autoriza a los juzgados de Ica procesar a Mollohuanca- obedece al escenario de convulsión social registrado en los últimos días en Espinar.
Refirió que el país ha sido testigo de diversos atentados contra la autoridad, como el secuestro de un fiscal, vejado por una turba, y incendio de una camioneta del Ministerio Público.
“Lo que ocurrió es una coacción contra la autoridad que no podemos permitir y el Poder Judicial ha tomado la decisión de extender las competencias en estos casos debido a que no existen las garantías para un debido proceso”, anotó en declaraciones a la prensa.
Ratificó que el Poder Judicial también decidió ampliar las competencias a la jurisdicción de Lambayeque para actuar judicialmente frente a los disturbios en Cajamarca, en vista al clima de conflicto en esa zona norandina del país.
“Se busca que a través de esta extensión de competencias se pueda tener un mejor proceso para que no exista impunidad y que las personas tenga todos los derechos de una defensa”, declaró.
Remarcó que es obligación de todo Estado garantizar la vida de las personas y su integridad, y, a su vez, controlar las manifestaciones violentas.
En otro momento, Jiménez detalló que la Procuraduría de Orden Interno ha reportado que existen cerca de un millón 300 mil soles por concepto reparación civil que no han sido pagados por personas que causaron daños al patrimonio público.
“Ha llegado el momento de decir basta a esta situación”, declaró.
PUBLICADO: ESTACIÓN VENUS 94.1 FM
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